El Senado da luz verde a una propuesta de la Senadora del PP Mª Jesús Sainz para que el Gobierno de España financie el coste real de la Ley de Dependencia en Galicia.
• María Jesús Sainz resalta el “esfuerzo incuestionable” de la Xunta, que ha inyectado 100 millones de euros para atender a los dependientes gallegos, y recuerda que la situación presupuestaria actual –Xunta 80 %, Estado 20 %- dista mucho del 50-50 que marca la Ley
20,sep,'10.- El Senado dio hoy luz verde a una propuesta de la senadora María Jesús Sainz para que el Gobierno de Rodríguez Zapatero financie el 50% de los costes reales de las prestaciones a los dependientes gallegos, que incluye el cuidador familiar, los centros de día y las residencias, tal y como contempla la Ley de Dependencia, haciéndose extensivo progre-sivamente al resto de Comunidades Autónomas. Lo hizo en la reunión de la Comisión de Sanidad y Política Social, que aprobó una moción del PP en la que también ha exigido que se introduzcan las modificaciones necesarias en el Sistema de Financiación de la Ley de Dependencia, con el fin de elevar los niveles mínimos de financiación del Estado para cada nivel de dependencia.
Sainz ha mostrado su satisfacción tras la aprobación de esta iniciativa y ha lamentado que el grupo socialista se haya mantenido al margen, y haya votado en contra de que se cumpla la Ley. “El Grupo socialista ha puesto en evidencia su falta de compromiso y solidaridad con los dependientes y, en particular, con los dependientes gallegos, votando en contra de que se cumpla la Ley”, ha lamentado la senadora gallega.María Jesús Sainz resaltó el “esfuerzo incuestionable” que está realizando la Xunta de Galicia, que ha inyectado 100 millones de euros a través de dos planes concretos: Un Plan de Choque dotado con 27,7 millones de euros para agilizar más de 5.000 expedientes, casi todos ellos correspondientes a grandes dependientes; y un Plan extraordinario de 67 millones para pagar atrasos.
“En mayo de 2009, tras más de dos años de entrar en vigor la Ley de Dependencia, el bipartito de Pérez Touriño sólo había atendido a 14.000 personas”, recordó la senadora popular. “Ahora, con un Gobierno del Partido Popular y en solo 8 meses, la ayudas se han extendido a más de 24.000 dependientes, y a día de hoy se están atendiendo a 37.000 personas, lo que supone ya la atención a dos de cada tres dependientes gallegos”, puntualizó Sainz.
En su opinión, “en el ámbito de la atención a la dependencia, la Xunta de Galicia ha incrementado sus esfuerzos hasta el límite de sus capacidades”. Así, recordó que la partida presupuestaria para el ejercicio de 2010 tiene una asignación de 239 millones de euros, con un incremento global de 74 millones.
A pesar de todos estos esfuerzos presupuestarios, María Jesús Sainz señaló que “no es suficiente para alcanzar los niveles y ratios aconsejados y deseados por la Comunidad gallega, que aspira a garantizar unos niveles mínimos de calidad de vida y bienestar para todos sus ciudadanos”.
Por ello, la senadora del PP por A Coruña insistió en la necesidad de que la Administración del Estado haga un esfuerzo, recordando que en el año 2009 la Xunta aportó 379,4 millones de euros para la atención de la dependencia, frente a los 138,6 millones del Estado, “Esto dista mucho de ser un reparto al 50%”, denunció, al tiempo que recalcó que “la aportación que ahora realiza la Xunta es del 80%, mientras que el Estado sólo aporta el 20%, a pesar de que la Ley de Dependencia recoge que debe financiar al 50% los costes de dicha Ley”.
Sainz recordó que la Ley de Dependencia ha pasado de ser el “buque insignia de Zapatero” a convertirse en una muestra más de sus incumplimientos, porque no responde a las expectativas generadas entre los ciudadanos. En su opinión, “la financiación de la Ley de Dependencia es un problema de gran magnitud que afecta a todas las CA. y, por ello, es urgente solicitar un compromiso del Gobierno del Estado con el desarrollo y aplicación de esta Ley, y eso pasa por dotar a Galicia y al resto de las CCAA de los recursos que posibiliten su aplicación”.
La senadora popular, que recordó que lo que reclama la moción ya lo reivindicaron en su día el propio presidente de la Xunta de Galicia y su Conselleira de Traballo e Benestar, indicó que “no se puede aprobar una ley donde se reconocen unos derechos a muchas personas y después desentenderse de los recursos para poder aplicarla y dejarla en manos de las CC.AA., y por ello reclamamos que pague el 50% que le corresponde”.
